Nota Publicada en Diario Clarín el 06/03/11
El deseo del hijo “propio”, con material genético ajeno o vientre alquilado, cuestiona roles tradicionales y lleva riesgosamente al terreno del mercado un vínculo que por definición es privado.
Por Claudio Martyniuk
La ciencia y la técnica, junto con el mercado, ofrecen nuevas maneras de concebir seres humanos que modifican los modelos de maternidad y paternidad, pero que reafirman desigualdades en el acceso a estos desarrollos. Promueven también formas de sometimiento como el que padecen las mujeres pobres que venden sus óvulos como modo de obtener dinero. Silvia Rivera, filósofa especializada en bioética, analiza estas cuestiones que muestran la ambivalencia de los logros tecnológicos.
¿Qué rasgos y principales problemas presentan los procedimientos de procreación tecnológicos? Las tecnologías reproductivas ubican en un terreno público algo que estaba reservado al espacio privado: la concepción del hijo. Este carácter público de la procreación hace que nuevos actores se integren al proceso, cada uno de ellos con su perspectiva. Encontramos, además de las personas que buscan un hijo, a los profesionales biomédicos y los donantes de gametas, a los dueños de instituciones en las que se realizan los procedimientos y a mujeres que ofertan su útero para gestar hijos que serán de otros aunque los hayan parido. Hay que reconocer a la sociedad en su conjunto como uno de los sujetos intervinientes, ya que muchas de las decisiones tomadas inciden en la vida comunitaria. Con frecuencia, los intereses, deseos y valores de estos diferentes actores implicados no son armónicos.
¿Alcanza con considerar a estas tecnologías reproductivas desde el punto de vista biológico? Si las analizamos sólo desde un punto de vista biológico caemos en una posición reduccionista. Los reduccionismos son injustos porque proponen una lectura lineal que invisibiliza la complejidad de las situaciones. Recuerdo un caso que ocupó a la prensa hace unos meses: una mujer mexicana de 50 años dio a luz a su nieto tras prestar su vientre para que su hijo homosexual pudiera ser padre. Si nos ubicamos en el nivel biológico, se presenta el interrogante acerca de la viabilidad de gestar a edad avanzada. En un nivel psicológico, preocupa el impacto que puede tener en el futuro niño esta complicada trama que hace de la abuela biológica una madre portadora. En el nivel conceptual, hay que indagar en la conveniencia de utilizar el término “portadora”, como si la mujer fuera un mero recipiente sin interacción con el feto. En el nivel filosófico se impone revisar el ideal de progreso dominante, que legitima toda innovación tecnológica sin detenerse a considerar las personas o pueblos que arrasa. Y hay otro nivel: el ético-político, que promueve el debate en torno al lugar que daremos como sociedad a estas tecnologías.
¿En qué marco legal se desarrolla la fertilización asistida? En nuestro país la legislación es casi inexistente. En diciembre del año pasado se sancionó en la provincia de Buenos Aires la ley 14.208 que, con el título “Fecundación Artificial”, establece pautas mínimas. Avanza en la consideración de la infertilidad como enfermedad, siguiendo criterios de la Organización Mundial de la Salud. El problema es que sólo legisla en casos con indicación médica precisa. Esto supone una restricción frente a prácticas habituales en la medicina privada. Muchas de las personas que eligen procrear a través de estas tecnologías no lo hacen por cuestiones médicas y sus motivos son otros, como haber dejado pasar la edad reproductiva, tener una pareja del mismo sexo, o querer decidir características genéticas del embrión a través del diagnóstico preimplantatorio. Además, la ley sólo contempla procedimientos de fertilización homóloga, esto es con material genético propio. Esta es otra restricción ya que se reduce el espectro de personas (en la ley se habla de “parejas”) que pueden acceder a los tratamientos en el ámbito público, quedando excluidas las parejas heterosexuales con problemas médicos que requieran donación de gametas, las parejas homosexuales y las personas sin pareja que quieren un hijo.
¿Cómo se concretan estas intervenciones tecnológicas bajo un sistema de salud mixto? Si bien empiezan a contemplarse algunos de estos procedimientos en el ámbito público, se ven limitados a unas pocas prácticas y en pacientes que cumplen requisitos precisos. Mientras tanto, el sector privado seguirá con sus prácticas habituales bajo la ley de la oferta y la demanda, sin indicación acerca de qué procedimientos estarán o no autorizados.
¿La problemática de la fertilización asistida integra la agenda pública de salud reproductiva? No en nuestro país, dado que este tema no se contempla en la ley nacional de 2002, presentada como “Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable”. La reciente ley bonaerense de Fecundación Artificial avanza un poco en esta integración. Pero llama la atención la ausencia de este vínculo a nivel nacional. Es frecuente que se legisle sobre temas puntuales, como fertilización asistida o investigaciones biomédicas, sin incluirlas en un programa nacional de salud que posibilite a todos los ciudadanos el acceso a servicios de salud igualitarios.
¿Cómo alteran la idea de familia estas tecnologías? Estas tecnologías inciden en la visión de familia que heredamos y que emerge en Europa con el ascenso de la burguesía y el capitalismo. Se trata de un modelo basado en la lógica contractual y en la propiedad privada. Este modelo alcanza también a una versión de la bioética que centra sus especulaciones en la defensa de la autonomía de los consumidores y en el “derecho al hijo”, sin advertir que los derechos que legitima -aunque se digan universales- sólo alcanzan a un sector minoritario de la población. Porque para que algunos concreten esos derechos otros deben vender material biológico casi siempre por necesidad económica, bajo el eufemismo de la “donación”.
¿Cómo es ese proceso? Quienes donan sus gametas, puntualmente las mujeres porque en el hombre es más sencillo, deben someterse a una medicalización que no está exenta de riesgos. Tomar hormonas, hiperovular, entrar en un quirófano y pasar por una anestesia a cambio de dinero para que otros conciban su hijo “propio” es el resultado de una sociedad en la que la tecnociencia ha impuesto nuevas formas de explotación económica del cuerpo. Surge así una nueva clase de sujetos proveedores, que carecen de derechos pero que resultan necesarios para que la maquinaria tecnológico-económica funcione. Porque sin “donación”, caen gran parte de los procedimientos, ya que sólo algunos de ellos pueden realizarse con material genético propio. Son sujetos explotados que en ocasiones reciben como parte de pago algo que debería ser un derecho garantido por el Estado: la posibilidad de un chequeo completo y “gratuito” de certificada calidad, dado que los clientes, o potenciales receptores del material genético, así lo exigen.
Se habla muy poco de esto ...
Porque es importante que la opacidad de estos cuerpos explotados no empañe el proceso. Se implementan recursos retóricos que los ocultan: se habla del material genético comprado como “gametas de banco”, como si allí se generaran sin el soporte de vidas y de historias que se borran. Y estas tecnologías inciden en el modelo heredado de familia de un modo paradójico. Parecen ponerla en crisis, dado que permiten tener hijos a personas solas o a parejas homosexuales ampliando la gama de modelos familiares. Pero en un sentido profundo refuerzan ese modelo basado en la propiedad privada y la lógica contractual.
¿Qué deberían saber de su origen los nacidos con procedimientos tecnológicos? Se entrelazan factores diversos, entre ellos psicológicos. El ocultamiento de los orígenes no puede nunca ser avalado por la ética. El problema es que si llevamos esto hasta sus últimas consecuencias se desmoronaría gran parte de las tecnologías reproductivas, porque muchos procedimientos requieren de la donación de material genético que proviene de personas que por el principio de confidencialidad tienen garantizado su anonimato. Sin embargo, el derecho a la confidencialidad de los donantes entra en contradicción con el derecho a conocer nuestra identidad genética. Es una cuestión que se presenta al debate ético-político y no debe eludirse.
¿Qué implicancias ético-políticas tienen los úteros alquilados? En estos casos la posibilidad de mantener la privacidad se complica y el carácter comercial de la transacción se vuelve difícil de disimular, excepto en casos de “préstamo” de útero por parte de familiares próximos. La ausencia de legislación pone en primer plano el acuerdo privado para fijar derechos y compromisos.
¿Cómo quedan las nociones de maternidad y paternidad, a partir de la maternidad y paternidad tecnológicos? ¿Qué queda de la adopción, con las posibilidades de procreación tecnológicas? Los esfuerzos por cumplir el deseo del hijo “propio”, aunque sea con material genético ajeno y útero alquilado (o, en el mejor de los casos, prestado), termina empobreciendo -a mi juicio- las nociones de maternidad y paternidad. Porque de algún modo, ese hijo propio resulta, como una mercancía, accesible para los que pueden pagar. El verdadero desafío que enfrentamos consiste en resignificar los conceptos de maternidad y paternidad, sacándolos del circuito comercial de una tecnociencia que extrema las diferencias sociales y fomenta nuevas formas de explotación económica del cuerpo. Se trata de resignificar la adopción, no ya como premio consuelo para los estériles, sino como elección positiva aun para parejas heterosexuales fértiles, que deciden explorar modos de enriquecer y potenciar los conceptos de maternidad y paternidad.
Copyright Clarín, 2011.
Señas particulares
Autora de los libros Etica y gestión de la investigación biomédica (Paidós) y Ludwig Wittgenstein entre paradojas y aporías (Prometeo).
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PROFESORA E INVESTIGADORA (UNIVERSIDADES DE BUENOS AIRES Y DE LANUS)
El deseo del hijo “propio”, con material genético ajeno o vientre alquilado, cuestiona roles tradicionales y lleva riesgosamente al terreno del mercado un vínculo que por definición es privado.
Por Claudio Martyniuk
La ciencia y la técnica, junto con el mercado, ofrecen nuevas maneras de concebir seres humanos que modifican los modelos de maternidad y paternidad, pero que reafirman desigualdades en el acceso a estos desarrollos. Promueven también formas de sometimiento como el que padecen las mujeres pobres que venden sus óvulos como modo de obtener dinero. Silvia Rivera, filósofa especializada en bioética, analiza estas cuestiones que muestran la ambivalencia de los logros tecnológicos.
¿Qué rasgos y principales problemas presentan los procedimientos de procreación tecnológicos? Las tecnologías reproductivas ubican en un terreno público algo que estaba reservado al espacio privado: la concepción del hijo. Este carácter público de la procreación hace que nuevos actores se integren al proceso, cada uno de ellos con su perspectiva. Encontramos, además de las personas que buscan un hijo, a los profesionales biomédicos y los donantes de gametas, a los dueños de instituciones en las que se realizan los procedimientos y a mujeres que ofertan su útero para gestar hijos que serán de otros aunque los hayan parido. Hay que reconocer a la sociedad en su conjunto como uno de los sujetos intervinientes, ya que muchas de las decisiones tomadas inciden en la vida comunitaria. Con frecuencia, los intereses, deseos y valores de estos diferentes actores implicados no son armónicos.
¿Alcanza con considerar a estas tecnologías reproductivas desde el punto de vista biológico? Si las analizamos sólo desde un punto de vista biológico caemos en una posición reduccionista. Los reduccionismos son injustos porque proponen una lectura lineal que invisibiliza la complejidad de las situaciones. Recuerdo un caso que ocupó a la prensa hace unos meses: una mujer mexicana de 50 años dio a luz a su nieto tras prestar su vientre para que su hijo homosexual pudiera ser padre. Si nos ubicamos en el nivel biológico, se presenta el interrogante acerca de la viabilidad de gestar a edad avanzada. En un nivel psicológico, preocupa el impacto que puede tener en el futuro niño esta complicada trama que hace de la abuela biológica una madre portadora. En el nivel conceptual, hay que indagar en la conveniencia de utilizar el término “portadora”, como si la mujer fuera un mero recipiente sin interacción con el feto. En el nivel filosófico se impone revisar el ideal de progreso dominante, que legitima toda innovación tecnológica sin detenerse a considerar las personas o pueblos que arrasa. Y hay otro nivel: el ético-político, que promueve el debate en torno al lugar que daremos como sociedad a estas tecnologías.
¿En qué marco legal se desarrolla la fertilización asistida? En nuestro país la legislación es casi inexistente. En diciembre del año pasado se sancionó en la provincia de Buenos Aires la ley 14.208 que, con el título “Fecundación Artificial”, establece pautas mínimas. Avanza en la consideración de la infertilidad como enfermedad, siguiendo criterios de la Organización Mundial de la Salud. El problema es que sólo legisla en casos con indicación médica precisa. Esto supone una restricción frente a prácticas habituales en la medicina privada. Muchas de las personas que eligen procrear a través de estas tecnologías no lo hacen por cuestiones médicas y sus motivos son otros, como haber dejado pasar la edad reproductiva, tener una pareja del mismo sexo, o querer decidir características genéticas del embrión a través del diagnóstico preimplantatorio. Además, la ley sólo contempla procedimientos de fertilización homóloga, esto es con material genético propio. Esta es otra restricción ya que se reduce el espectro de personas (en la ley se habla de “parejas”) que pueden acceder a los tratamientos en el ámbito público, quedando excluidas las parejas heterosexuales con problemas médicos que requieran donación de gametas, las parejas homosexuales y las personas sin pareja que quieren un hijo.
¿Cómo se concretan estas intervenciones tecnológicas bajo un sistema de salud mixto? Si bien empiezan a contemplarse algunos de estos procedimientos en el ámbito público, se ven limitados a unas pocas prácticas y en pacientes que cumplen requisitos precisos. Mientras tanto, el sector privado seguirá con sus prácticas habituales bajo la ley de la oferta y la demanda, sin indicación acerca de qué procedimientos estarán o no autorizados.
¿La problemática de la fertilización asistida integra la agenda pública de salud reproductiva? No en nuestro país, dado que este tema no se contempla en la ley nacional de 2002, presentada como “Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable”. La reciente ley bonaerense de Fecundación Artificial avanza un poco en esta integración. Pero llama la atención la ausencia de este vínculo a nivel nacional. Es frecuente que se legisle sobre temas puntuales, como fertilización asistida o investigaciones biomédicas, sin incluirlas en un programa nacional de salud que posibilite a todos los ciudadanos el acceso a servicios de salud igualitarios.
¿Cómo alteran la idea de familia estas tecnologías? Estas tecnologías inciden en la visión de familia que heredamos y que emerge en Europa con el ascenso de la burguesía y el capitalismo. Se trata de un modelo basado en la lógica contractual y en la propiedad privada. Este modelo alcanza también a una versión de la bioética que centra sus especulaciones en la defensa de la autonomía de los consumidores y en el “derecho al hijo”, sin advertir que los derechos que legitima -aunque se digan universales- sólo alcanzan a un sector minoritario de la población. Porque para que algunos concreten esos derechos otros deben vender material biológico casi siempre por necesidad económica, bajo el eufemismo de la “donación”.
¿Cómo es ese proceso? Quienes donan sus gametas, puntualmente las mujeres porque en el hombre es más sencillo, deben someterse a una medicalización que no está exenta de riesgos. Tomar hormonas, hiperovular, entrar en un quirófano y pasar por una anestesia a cambio de dinero para que otros conciban su hijo “propio” es el resultado de una sociedad en la que la tecnociencia ha impuesto nuevas formas de explotación económica del cuerpo. Surge así una nueva clase de sujetos proveedores, que carecen de derechos pero que resultan necesarios para que la maquinaria tecnológico-económica funcione. Porque sin “donación”, caen gran parte de los procedimientos, ya que sólo algunos de ellos pueden realizarse con material genético propio. Son sujetos explotados que en ocasiones reciben como parte de pago algo que debería ser un derecho garantido por el Estado: la posibilidad de un chequeo completo y “gratuito” de certificada calidad, dado que los clientes, o potenciales receptores del material genético, así lo exigen.
Se habla muy poco de esto ...
Porque es importante que la opacidad de estos cuerpos explotados no empañe el proceso. Se implementan recursos retóricos que los ocultan: se habla del material genético comprado como “gametas de banco”, como si allí se generaran sin el soporte de vidas y de historias que se borran. Y estas tecnologías inciden en el modelo heredado de familia de un modo paradójico. Parecen ponerla en crisis, dado que permiten tener hijos a personas solas o a parejas homosexuales ampliando la gama de modelos familiares. Pero en un sentido profundo refuerzan ese modelo basado en la propiedad privada y la lógica contractual.
¿Qué deberían saber de su origen los nacidos con procedimientos tecnológicos? Se entrelazan factores diversos, entre ellos psicológicos. El ocultamiento de los orígenes no puede nunca ser avalado por la ética. El problema es que si llevamos esto hasta sus últimas consecuencias se desmoronaría gran parte de las tecnologías reproductivas, porque muchos procedimientos requieren de la donación de material genético que proviene de personas que por el principio de confidencialidad tienen garantizado su anonimato. Sin embargo, el derecho a la confidencialidad de los donantes entra en contradicción con el derecho a conocer nuestra identidad genética. Es una cuestión que se presenta al debate ético-político y no debe eludirse.
¿Qué implicancias ético-políticas tienen los úteros alquilados? En estos casos la posibilidad de mantener la privacidad se complica y el carácter comercial de la transacción se vuelve difícil de disimular, excepto en casos de “préstamo” de útero por parte de familiares próximos. La ausencia de legislación pone en primer plano el acuerdo privado para fijar derechos y compromisos.
¿Cómo quedan las nociones de maternidad y paternidad, a partir de la maternidad y paternidad tecnológicos? ¿Qué queda de la adopción, con las posibilidades de procreación tecnológicas? Los esfuerzos por cumplir el deseo del hijo “propio”, aunque sea con material genético ajeno y útero alquilado (o, en el mejor de los casos, prestado), termina empobreciendo -a mi juicio- las nociones de maternidad y paternidad. Porque de algún modo, ese hijo propio resulta, como una mercancía, accesible para los que pueden pagar. El verdadero desafío que enfrentamos consiste en resignificar los conceptos de maternidad y paternidad, sacándolos del circuito comercial de una tecnociencia que extrema las diferencias sociales y fomenta nuevas formas de explotación económica del cuerpo. Se trata de resignificar la adopción, no ya como premio consuelo para los estériles, sino como elección positiva aun para parejas heterosexuales fértiles, que deciden explorar modos de enriquecer y potenciar los conceptos de maternidad y paternidad.
Copyright Clarín, 2011.
Señas particulares
Autora de los libros Etica y gestión de la investigación biomédica (Paidós) y Ludwig Wittgenstein entre paradojas y aporías (Prometeo).
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PROFESORA E INVESTIGADORA (UNIVERSIDADES DE BUENOS AIRES Y DE LANUS)
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