Lo manda Fanny Frield
Fuente:http://www.territoriodigital.com/ del domingo 29 de noviembre
OBERÁ. En los últimos ocho años, Sara M. (29) tuvo cinco hijos y los dio a todos en adopción. Sin vueltas reconoció que lo hace por dinero, porque le pagan bien, pero afirmó también su convencimiento de que las criaturas tendrán una vida más plena con sus padres adoptivos, ya que ella es pobre y casi analfabeta. Hace apenas cuatro meses Sara entregó a su quinto hijo y comentó que está contenta, porque “ahora tengo otro abogado que me enseñó bien cómo se hace la adopción y no me jode, como otros que me hicieron firmar cualquier cosa”.El testimonio de esta mujer marca a las claras que lejos de acabar, la venta de bebés continúa más allá de los proyectos parlamentarios de combatir la transacción de vida humana.Sara no tiene pareja estable y reside sola en una precaria vivienda en Villa Cristen.Si bien dice que ya no consume, reconoció que “hasta hace un año fumaba marihuana y a veces tomaba pastillas”. Incluso, aseguró que la mujer que oficiaba de intermediaria con los padres adoptivos de sus hijos, fue quien la indujo a consumir drogas.“Ella me drogaba así yo quedaba estúpida y firmaba cualquier cosa, aunque igual poco y nada entiendo las letras”, reconoció en diálogo con El Territorio. Según Sara, para no despertar sospechas la citada busca panzas habría organizado los sucesivos partos en diferentes puntos de la provincia.
Forma de vida
Mencionó que el primer bebé nació en el hospital de Leandro N. Alem, el segundo en la casa particular de una partera, el tercero en una clínica privada de Oberá, el cuarto en un sanatorio de Posadas y el quinto otra vez en una clínica de Oberá.“Para tener al segundo bebé me llevaron a una casa y me hicieron goteo para apurar el parto. Me sentí muy mal, tardó como una hora y el bebé casi murió, estaba todo azul”, recordó mirando al suelo.En todos los casos la intermediaria asistió a la madre biológica con mercadería antes de parto y luego de dar a luz con dinero en efectivo, entre 3.000 y 5.000 pesos, señaló.De todas formas, la relación se rompió hace un par de años, cuando Sara dio a luz una beba. A las pocas horas del parto se le acercó un médico y le dijo que la criatura sería dada en adopción.Sara se opuso, aunque reconoció que la intermediaria se hizo cargo del parto. “Me dijo que como me tenían que hacer una cesárea ella me ayudaba, pero si no quería dar la criatura no había problema”, aseguró.Pero de regreso en esta localidad fueron directo hasta la casa de la busca panzas, donde esperaba una pareja de cordobeses para llevarse a la beba recién nacida.Ante su reticencia por entregar a la criatura, la intermediaria la habría amenazado con denunciarla por estafa. Sara se asustó y cedió, tras lo cual le entregaron 5.000 pesos. Aseguró que desde entonces nunca asistió a una audiencia, tal como marca la ley. En tanto, el padre biológico de la nena reclama la niña.“Él volvió de Buenos Aires con ganas de volver conmigo, pero se enojó mucho por lo de la nena, dice que yo vendí a propósito y no es así. Fue una injusticia lo que me hicieron por ser pobre”, lamentó.En tanto, con relación al último bebé que dio en adopción, reconoció que ella misma se contactó con un abogado y le ofreció que haga de nexo con posibles interesados, porque no tiene trabajo y no podría mantener un hijo. “Capaz por mi facha nadie me da trabajo. Por eso necesito la plata y él (por el abogado) hace bien las cosas, me va de frente y me explica lo que tengo que firmar”, justificó Sara.
“Estamos con las manos atadas”, reconoció una alta fuente policial
OBERÁ. La semana pasada El Territorio publicó el testimonio de Patricia C., quien contó que tres de sus hermanas se embarazan sistemáticamente para vender sus bebés a parejas de otros puntos del país.Según relató, en los últimos cuatro años las mujeres habrían vendido seis criaturas con el consentimiento de sus respectivas parejas. Incluso, el padre de éstas sería parte activa de la organización.Patricia relató que hace un par de meses su hermana más chica dio en adopción a su primer hijo, para lo que fue imprescindible el aval de su padre, puesto que la joven aún es menor de edad.“A mí me avergüenza contar lo que hace mi familia, pero es la verdad. Para colmo mi papá permite todo y ahora metió en esto a la más chica, que tiene sólo 18 años y ya entregó un chico por cuatro mil pesos”, señaló indignada.Pero es sólo uno de tantos testimonios recogidos por este medio en los últimos años con relación a la denominada venta de bebés que prolifera en esta localidad.
Al respecto, una alta fuente de la Unidad Regional II de Policía reconoció que “muchas veces estamos con las manos atadas, porque por ahí nos enteramos de algo por los medios pero no podemos actuar si no se denuncia el caso”.Señaló además que sería importante contar con recursos específicos, como sucede con la División Trata de Personas, pero igual “es complicado comprobar que haya delito, salvo que exista supresión de identidad”.Además, al igual que otras fuentes consultadas, consideró que la solución de fondo es compleja y requiere de políticas a mediano y largo plazo.
En ese sentido, vale mencionar que más del 20 por ciento de los embarazos registrados en esta localidad corresponden a adolescentes menores de 18 años, según estadísticas oficiales que preocupan seriamente a las autoridades.
Difícil abordaje
“Yo soy un bendecido de tener hijos del corazón. Por eso creo que se debe cuidar la institución de la adopción y la defiendo a ultranza, pero que se haga como corresponde y por la vía legal”, reflexionó tiempo atrás intendente Ewaldo Rindfleisch.Reconoció además que se trata de un tema muy complejo y de difícil abordaje, por lo que se requiere la participación de todos los actores sociales.“Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Hay un sistema instalado y bien aceitado, con compradores, vendedores e intermediarios que lucran con esto”, aseguró el alcalde obereño. Por ello, instó a “desarticular este sistema” y “poner en evidencia a las personas que están detrás de esto”.Además, se mostró a favor del padrón único de adoptantes para evitar manejos poco claros y agilizar los trámites.“Por ahí la ley es engorrosa, lenta y hace que la gente busque otras vías que fomentan lo que está ocurriendo”, consideró.
“Los intermediarios tienen que ir presos”
POSADAS. Para la diputada provincial Sandra Montiel el Congreso Nacional debe tipificar como delito el trabajo de los intermediarios “para que vayan presos”, mientras eso no ocurra las redes seguirán trabajando “porque están muy bien aceitadas”.“Hace dos semanas se sancionaron dos leyes provinciales muy importantes como el registro único de adoptantes y el proceso de regulación de adopciones, pero falta que el Congreso Nacional tipifique como delito el trabajo de los intermediarios, para que la justicia tenga herramientas y los intermediarios puedan ir presos”, comentó Montiel a El Territorio“El proyecto de Ley quedó en una comisión y mientras el congreso no cambie el código penal no se puede hacer nada”, agregó.La diputada describió toda la red que trabaja en las adopciones ilegales, y que “todo el mundo conoce”, pero “no se puede hacer nada sin una ley que los sanciones”.“Las redes existen y siguen trabajando y los principales intermediarios son los estudios jurídicos. En Posadas hay cinco estudios jurídicos, en Oberá otros cinco, en Eldorado hay uno y en Puerto Rico hay otro”, indicó Montiel.Y agregó: “en el caso de Posadas y Oberá existen ‘las hueveras’ donde guardan a las embarazadas para que no tengan contacto con sus familias y no se arrepientan de entregar al bebé.
En Oberá existen tres hueveras y en Posadas hay dos”.“Tanto en Posadas, Oberá y Puerto Rico los abogados llevan a los adoptantes a apart hotel u hoteles dedicados a eso para que los adoptantes que vienen de otras provincias se instalen ahí y eviten las preguntas y miradas de extraños”, sostuvo. “Es un circuito muy bien aceitado, y el 90 por ciento de los chicos nacen en clínicas privadas que cobran el doble por el silencio y por la discreción para recibir a las parturientas.
En Oberá hay dos clínicas y en Puerto Rico una que trabaja con los abogados”, sentenció.“Hay otros actores como taxistas o trabajadores de la salud que buscan panzas, pero los abogados de los estudios jurídicos son los principales actores de toda la red, ellos organizan todo, pero como la venta del niño no esta penado por el código penal es muy difícil comenzar un proceso judicial”, afirmó.El proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de la Nación busca sancionar “todo el proceso anterior al nacimiento del niño que es la intermediación. La chica cobra entre 3500 y 5000 pesos cuando entrega el niño y los abogados se quedan con el resto de la plata que es mucha”, indicó Montiel.Por último la diputada provincial afirmó: "necesitamos que el congreso sancione la ley para que esta gente, que todos conocen, vaya presa".
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